Como una verdadera ‘masacre laboral’ califican extrabajadores del Call Center Xaloc S.A.S., los atropellos e incumplimientos de los pagos salariales y prestaciones sociales de que fueron víctimas por parte de esta sociedad, de capital español y con sede en Barranquilla.

Se trata de una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) registrada desde el 18 de enero de 2012, “dedicada al tele marketing y recepción de llamadas, en diferentes campañas nacionales e internacionales”, que ofrece servicios “en el mundo de la venta, atención al cliente, satisfacción y todas aquellas necesidades que pueda tener nuestros clientes en el mundo del call center, las 24 horas los 365 días del año, con un equipo de 1 hasta 50 estaciones simultáneas altamente cualificado, capacitado y equipadas, donde le aportará grandes beneficios y apoyo a usted y sus clientes”.

Realmente, el verdadero negocio de este call center es el de la recepción de llamadas, nacionales e internacionales, para los interesados en tarot y erotismo.

Para ello, la sociedad dispone de un grupo de personas encargadas de la atención a clientes, vinculadas con contratos de prestación de servicios. Y es precisamente esta vinculación, lo que constituye, para los afectados, el primer gran engaño.

“Nosotros cumplíamos horarios de 9:30 pm a 7:30 am, nos descontaban el tiempo sí llegábamos tarde, los días de descanso no lo pagaban como compensatorio, nos retrasaban el pago de las quincenas y después nos dijeron que nos pagarían por mes vencido, como en los servicios públicos”, sostiene Xiomara Carbonell Caicedo, una de las afectadas.

Explicó que por recepción de llamadas existían, aparentemente, unos incentivos de acuerdo con su duración y origen del tráfico (nacional o internacional). En caso de las llamadas por tarot tenían un precio y en las eróticas era mayor.

Sin embargo, estos incentivos nunca reflejaban la realidad, situación que, pese a ser advertida por los mismos trabajadores, no eran atendidas o pagadas por las directivas de la empresa.

En otras palabras, también se sintieron ‘tumbados’ con este hecho, tal como lo señaló la propia Xiomara Carbonell.

Por su parte, Yiseth Paola Hernández Caballero, corroboró todo lo manifestado por su excompañera de trabajo. Desde hace un año está luchando para que le paguen lo que le deben.

Querella ante Ministerio de Trabajo

Además de Xiomara Carbonell Caicedo y Yiseth Paola Hernández Caballero, en la misma situación se encuentran Dayana López Silva, Mónica del Carmen Barriga Donado, William de Jesús Santrich Rada, Héctor Mario Lobelo García, Luima Cabarcas Bolívar, Yaneth Cecilia De la Rosa Marín, Ricardo Antonio Hernández Bochaga, Carmen Isabel Ramírez Peña y Alvaro Javier Cotes Jaimes, entre otros, quienes presentaron querella ante el Ministerio de Trabajo.

Por ello, el 21 de julio de este año, se realizó una audiencia ante la Inspectora de Trabajo, Ingrid Bolívar Mosquera, en la que estuvieron presentes Dunia Esther Coba en calidad de apoderada de los querellantes, así como la representante legal de la empresa, Blanca María Ariza Toro quien le confirió poder a Miguel Enrique Flórez Castillo.

Los querellantes solicitaron el pago de salarios pendientes, liquidación de las prestaciones sociales, pago de las cotizaciones de pensión que nunca cancelaron, auxilio de transporte e indemnización por el no pago oportuno de las prestaciones.

En esa oportunidad, la representante de la empresa, Blanca María Ariza, se limitó a decir que “informaré a los dueños de las peticiones del personal inactivo”.

En una nueva audiencia celebrada el 9 de agosto pasado, la misma Blanca María Ariza aseguró que “la empresa está dispuesta a pagar lo que les debe, acordado en el contrato de prestación de servicios con cada uno de ellos, asumiendo lo que me dijo María Dolores Mata Moralell, quien es la propietaria y reside en España. Los propietarios son María Dolores Mata Moralell, Belén Llamas, Laua Llamas y Manuel Llamas, son ciudadanas españoles quienes me manifestaron que pagarían el dinero que se les debe a ellos, según el acuerdo se les pagaría un transporte legal mensual y un aporte a salud por $75.000 y la productividad por los minutos hablados”.

Aseguró que todos estaban vinculados por contrato de prestación de servicios. Cuando la Inspectora le preguntó cómo ejercía  el control la empresa con relación a la vinculación de los trabajadores al sistema de salud, incluyendo ARL, respondió que la mayoría tenía Sisben.

Contratos en hoja en blanco

Fue refutada por la apoderada de los afectados señalando que pese a que se trataba de contratos de prestación de servicios, los trabajadores cumplían con tres elementos laborales: horario de trabajo, salario y subordinación y dejó como constancia que, de acuerdo con lo dicho por la representante legal, no les pagaban salud, ARL, ni cotizaciones a pensión y además que el salario mensual era por debajo del salario mínimo, incumpliendo la norma que dice que a ningún colombiano se le debe pagar menos del mínimo, ya que ellos trabajaban más de 8 horas diarias y el trabajo lo realizaban directamente con la empresa.

En esa misma diligencia, Ricardo Hernández desmintió a la representante legal señalando que “los contratos que hacen firmar son hojas en blanco, en la supuesta prestación de servicios descontaban dinero al personal por llegar tarde, por días que no iban a trabajar, no pagaban subsidio de transporte, los días de descanso los descontaban, el horario de trabajo era de más de 8 horas, las condiciones laborales eran totalmente inhumanas, hubo dos inspecciones de la Secretaría de Salud y no dejaron entrar a los inspectores de esa entidad a la sala de trabajo”.

Para sorpresa de los querellantes, con posterioridad a esta diligencia, la representante del call center le notificó a la Inspectora de Trabajo que “para declarar derechos individuales y controversias esta decisión está atribuida es a los jueces laborales, por lo tanto yo no concilio y que sean ellos quienes decidan”. Y argumentando ofensas y amenazas en su contra advirtió que no asistirá a una nueva citación del Ministerio de Trabajo para dirimir la situación laboral de los querellantes.

Ante ello, los afectados requirieron la urgente intervención del Ministerio de Trabajo y de la Defensoría del Pueblo para impedir que prospere este ‘asalto’ laboral.